La iniciativa de la diputada Adela Segarra se refiere a las 102 hectáreas a partir del Faro en dirección a Miramar. La intención es que sea tratada antes de junio, cuando se lanzará con fuerza la campaña electoral. Habría consenso entre los bloques
El proyecto de la diputada marplatense Adela Segarra ingresó en la Cámara de Diputados en los primeros días de marzo. En su artículo primero deja en claro el sentido del mismo: declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la fracción de las playas situada al sur del faro, a partir del camino Mar del Plata – Miramar, hasta la línea de ribera. En total, son 102 hectáreas sumadas las adyacencias si las tierras privadas fueron ampliadas por alguna razón.
Ese sector costero había sido adjudicado a la familia Peralta Ramos por una resolución judicial de la Corte de la Provincia de Buenos Aires en abril de 1970, a partir de la causa “Peralta Ramos; Maria Gertrudis de Carboni c/ Buenos Aires; Provincia s/ reivindicación de tierras”. La intención de la diputada del Frente para la Victoria es “recuperar lo que nunca debió dejar un espacio de dominio público”.
Si bien habría acuerdo entre los bloques de los distintos espacios políticos para darle curso al proyecto, aún no tuvo tratamiento en las comisiones donde estaba previsto que sea abordada la iniciativa: Asuntos constitucionales, Legislación general y Presupuesto y hacienda. La idea deSegarra es darle tratamiento antes de junio, dado que luego la campaña electoral sumergirá en ese trajín a los legisladores y legisladoras.
Esas tierras que se pretende expropiar, según consta en el segundo artículo, quedarían incorporadas, comprendidas y zonificadas dentro de las reservas nacionales comprendidas en la ley 22.351.
También contempla la indemnización correspondiente –el valor de los bienes a expropiar será fijado conforme las disposiciones de la ley 21.499 de Régimen de expropiaciones-; y establece que “quedarán a cargo del Estado nacional todas las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley, con cargo al presupuesto general de la Nación”.
Entre los fundamentos, la legisladora hizo hincapié en que “la Constitución Nacional y las leyes vigentes regulan claramente los dominios públicos de lo recursos naturales”.
“El mar y su franja costera -sostuvo Segarra-, tanto por su riqueza económica, su importancia estratégica, su condición de espacio natural y paisajístico, no solo esta claramente determinado como espacio publico sino que debe ser defendido y protegido en todos los alcances de este concepto”.
En este sentido, recordó que el Código Civil, en su artículo 2.340, establece que “son bienes públicos del estado las playas del mar y las riberas internas de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias y no en ocasiones de extraordinarias de tempestades”.
Y citó también la ley nacional 23.968 sobre la determinación y jurisdicción de espacios marítimos; la ley nacional 24.543 del año 1995, que ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar que establece los límites y derechos de los Estados sobre sus mares; y una “gran cantidad de normativa provincial y municipal que establecen un marco jurídico protectorio del mar y sus costas”. Pese a este marco jurídico, reparó la diputada kirchnerista, existe esta zona en Mar del Plata que tiene dueños. “Desde 1970 a la actualidad, el sector con las playas más cotizadas de la ciudad balnearia es propiedad privada, administrada por una empresa comercial y con acceso restringido y condicionado para el público en general”, señaló.
Segarra indicó como “motivo de permanentes conflictos y debates” que muchas personas, viviendo a pocas cuadras del mar, no puedan acceder a la playa. La situación, dijo, se agrava con un nuevo ingrediente: “El estado nacional ha iniciado una obra con una inversión aproximada a los 50 millones de pesos para la defensa costera que, además de proteger la costa, amplía los espacios de playas pertenecientes a privados, sin que puedan ser usados y disfrutados por el público en general y que simplemente se transformarán en más territorio para un negocio más redituable para unos pocos”, cuestionó.
La diputada marplatense reparó en que la expropiación de esas playas debe ser acompañada por la declaración de ese espacio como reserva nacional: “De esta manera no solo apuntamos a la recuperación del espacio sino que garantizamos el acceso público al mismo, su conservación y su desarrollo”, mencionó.
“La consagración en la categoría de reserva nacional, la menos restringida de las establecidas en la ley de Parques Nacionales 22.351, también apunta a respetar la actividad desarrollada en el territorio en cuestión, de alto valor turístico, económico y social y que significa un motor de desarrollo para una zona que va creciendo en cantidad de población y que necesita que urbanísticamente sea acompañada”, sumó la legisladora.
Por último, entre los fundamentos del proyecto, Segarra reparó que dentro de esa franja costera se encuentra el faro. “Como espacio público en el medio de terrenos privados se vería integrado a una reserva nacional que garantizaría su conservación, y su consolidación como espacio emblemático en el paisaje de la ciudad”, apuntó la diputada. Además, reparó, se garantizaría su protección como “un espacio para la memoria” de lo que fuera un centro clandestino de detención en la última dictadura cívico militar. Allí funcionaba la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, ex Esim.
No hay comentarios:
Publicar un comentario