Así, el lunes desde las 9, los integrantes de la mencionada comisión consensuaron mantener una nueva reunión, ampliada a los restantes concejales, autoridades de la secretaría de Desarrollo Productivo y Salud, y representantes de diferentes organizaciones vinculadas a la temática.
Durante la jornada de este miércoles, en el marco de la comisión, no se profundizó sobre la normativa en cuestión, sino que desde el arco opositor se hicieron algunas observaciones de forma. Por parte del oficialismo, los concejales evidenciaron la necesidad de dejar el expediente en esta instancia a la espera de que las autoridades de la Secretaría que conduce Mariano Pérez Rojas ofrezcan la perspectiva de la Comuna para la elaboración de la normativa que se encuentra en evaluación.
Desde el Frente para la Victoria solicitaron, además, la presencia de Alejandro Ferro (secretario de Salud) para abordar la parte sanitaria de la norma y los efectos de las fumigaciones sobre la población: En tanto, también se acordó invitar a la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines –se acercaron a la comisión para hacer entrega de un escrito- y a los vecinos autoconvocados que se encuentran involucrados en la problemática.
Vale mencionar que, según resaltó el concejal Mario Lucchesi, el oficialismo tiene la intención de tratar la norma en la última sesión de mayo, dado que el último día hábil de ese mes se vence la prórroga otorgada a la ordenanza de transición, posterior a la 18.740 que regía el uso de agroquímicos. En este sentido, el edil aseguró que la norma es de carácter “abierto y flexible” y bregó por el diálogo para que la iniciativa sea votada en el recinto con una “importante mayoría”.
A grandes rasgos, la nueva legislación elevada ante el Cuerpo por el Ejecutivo otorga permiso para fumigar con productos de banda verde (producto que “normalmente no ofrece peligro”, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud) en el radio de mil metros respecto de los núcleos poblacionales.
No obstante, el uso de plaguicidas de síntesis estará prohibido en las zonas “con puntos de alto riesgo sanitario y ambiental”, conformadas por aquellas que se encuentren a 25 metros de escuelas, centros de salud, cursos de agua, centros asistenciales, clubes, camping, villas deportivas y complejos turísticos.
Por otra parte, el primer artículo de la normativa en evaluación crea el programa de Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad de “mejorar la sostenibilidad social, ambiental, cultural y económica de la producción agropecuaria del Partido de General Pueyrredón”.
Este fue un punto criticado por el arco opositor, ya que de acuerdo al edil del PRO Hernán Alcolea, tal como está planteado no se trataría de un plan, sino de un nuevo organismo dado que tendría la facultad de emitir carnet a los “agentes de buenas prácticas registrados”. La postura fue rechazada por el oficialismo y ratificaron que es un programa y no un ente.
Otro aspecto que se mencionó en la comisión de Medio Ambiente, fue el artículo que versa sobre las multas para el incumplimiento de la norma. La misma establece un piso de 30 sueldos básicos municipales para los infractores, y el secuestro y decomiso de los productos químicos de uso agropecuario.
En caso de reincidencia, se fija una sanción equivalente a 45 salarios y continúan en aumento ante la repetición de estas situaciones, incluso con incrementos del 100% del valor original de las multas y la suspensión de “toda actividad agropecuaria en el predio hasta que se cumpla lo normado”.
Al respecto, desde la oposición entendieron que era conveniente establecer una escala proporcional acorde a la infracción cometida, dado que la multa inicial es elevada.
Así, y sin votación de por medio, el expediente quedó en la comisión de Medio Ambiente para reanudar su tratamiento el lunes próximo con la presencia de funcionarios y referentes de distintas agrupaciones.
UNA “BURLA”
La asamblea de vecinos autoconvocados “Paren de Fumigarnos” emitió un duro comunicado en el cual calificó al proyecto del Ejecutivo como “una burla para toda la población”.
En esta línea, remarcaron que es una “irresponsabilidad” el modificar la distancia de 1000 metros a todo núcleo poblacional libre de fumigaciones, “por 25 metros, los cuales no incluyen las viviendas”.
“Es una burla y una irresponsabilidad pretender que estar a 25 metros de las fumigaciones puede significar algún tipo de protección”, sentenciaron.
Iguales calificativos le valieron al artículo 18 del proyecto, el cual permite que en la franja de 1000 metros se apliquen productos de síntesis de Banda IV. “Todos conocemos las secuelas de muerte y contaminación que estos agrotóxicos dejan a lo largo de todo el país y la gran cantidad de investigaciones y pronunciamientos independientes en este sentido”, recalcaron desde la asamblea.
Por último señalaron que continuarán con su trabajo y advirtieron que presentarán los casos “no sólo ante la justicia local, provincial y nacional, sino ante tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional de Delitos Ambientales y la Corte interamericana de Derechos Humanos”.
Durante la jornada de este miércoles, en el marco de la comisión, no se profundizó sobre la normativa en cuestión, sino que desde el arco opositor se hicieron algunas observaciones de forma. Por parte del oficialismo, los concejales evidenciaron la necesidad de dejar el expediente en esta instancia a la espera de que las autoridades de la Secretaría que conduce Mariano Pérez Rojas ofrezcan la perspectiva de la Comuna para la elaboración de la normativa que se encuentra en evaluación.
Desde el Frente para la Victoria solicitaron, además, la presencia de Alejandro Ferro (secretario de Salud) para abordar la parte sanitaria de la norma y los efectos de las fumigaciones sobre la población: En tanto, también se acordó invitar a la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines –se acercaron a la comisión para hacer entrega de un escrito- y a los vecinos autoconvocados que se encuentran involucrados en la problemática.
Vale mencionar que, según resaltó el concejal Mario Lucchesi, el oficialismo tiene la intención de tratar la norma en la última sesión de mayo, dado que el último día hábil de ese mes se vence la prórroga otorgada a la ordenanza de transición, posterior a la 18.740 que regía el uso de agroquímicos. En este sentido, el edil aseguró que la norma es de carácter “abierto y flexible” y bregó por el diálogo para que la iniciativa sea votada en el recinto con una “importante mayoría”.
A grandes rasgos, la nueva legislación elevada ante el Cuerpo por el Ejecutivo otorga permiso para fumigar con productos de banda verde (producto que “normalmente no ofrece peligro”, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud) en el radio de mil metros respecto de los núcleos poblacionales.
No obstante, el uso de plaguicidas de síntesis estará prohibido en las zonas “con puntos de alto riesgo sanitario y ambiental”, conformadas por aquellas que se encuentren a 25 metros de escuelas, centros de salud, cursos de agua, centros asistenciales, clubes, camping, villas deportivas y complejos turísticos.
Por otra parte, el primer artículo de la normativa en evaluación crea el programa de Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad de “mejorar la sostenibilidad social, ambiental, cultural y económica de la producción agropecuaria del Partido de General Pueyrredón”.
Este fue un punto criticado por el arco opositor, ya que de acuerdo al edil del PRO Hernán Alcolea, tal como está planteado no se trataría de un plan, sino de un nuevo organismo dado que tendría la facultad de emitir carnet a los “agentes de buenas prácticas registrados”. La postura fue rechazada por el oficialismo y ratificaron que es un programa y no un ente.
Otro aspecto que se mencionó en la comisión de Medio Ambiente, fue el artículo que versa sobre las multas para el incumplimiento de la norma. La misma establece un piso de 30 sueldos básicos municipales para los infractores, y el secuestro y decomiso de los productos químicos de uso agropecuario.
En caso de reincidencia, se fija una sanción equivalente a 45 salarios y continúan en aumento ante la repetición de estas situaciones, incluso con incrementos del 100% del valor original de las multas y la suspensión de “toda actividad agropecuaria en el predio hasta que se cumpla lo normado”.
Al respecto, desde la oposición entendieron que era conveniente establecer una escala proporcional acorde a la infracción cometida, dado que la multa inicial es elevada.
Así, y sin votación de por medio, el expediente quedó en la comisión de Medio Ambiente para reanudar su tratamiento el lunes próximo con la presencia de funcionarios y referentes de distintas agrupaciones.
UNA “BURLA”
La asamblea de vecinos autoconvocados “Paren de Fumigarnos” emitió un duro comunicado en el cual calificó al proyecto del Ejecutivo como “una burla para toda la población”.
En esta línea, remarcaron que es una “irresponsabilidad” el modificar la distancia de 1000 metros a todo núcleo poblacional libre de fumigaciones, “por 25 metros, los cuales no incluyen las viviendas”.
“Es una burla y una irresponsabilidad pretender que estar a 25 metros de las fumigaciones puede significar algún tipo de protección”, sentenciaron.
Iguales calificativos le valieron al artículo 18 del proyecto, el cual permite que en la franja de 1000 metros se apliquen productos de síntesis de Banda IV. “Todos conocemos las secuelas de muerte y contaminación que estos agrotóxicos dejan a lo largo de todo el país y la gran cantidad de investigaciones y pronunciamientos independientes en este sentido”, recalcaron desde la asamblea.
Por último señalaron que continuarán con su trabajo y advirtieron que presentarán los casos “no sólo ante la justicia local, provincial y nacional, sino ante tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional de Delitos Ambientales y la Corte interamericana de Derechos Humanos”.
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