Presentar una demanda ante la Justicia por un problema de consumo se está volviendo tan habitual como tramitar una sucesión, un divorcio o un desalojo. A 20 años de la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor, cada vez hay más fallos a favor de los usuarios de tarjetas de créditos, prepagas, teléfonos y otros servicios. Según el abogado especialista en derecho del consumidor Gabriel Stiglitz, nueve de cada diez sentencias son favorables a la gente que reclama.
Algunas de estas demandas son "acciones colectivas" presentadas por asociaciones de consumidores u organismos oficiales, que benefician a muchos damnificados a la vez. Otras son individuales: pertenecen a usuarios que se sienten engañados por un banco, una empresa de servicios públicos o un comercio. Un dato: dar de baja un servicio es la mayor queja de los consumidores.
Stiglitz habló sobre el acuerdo de precios con los supermercados ("no es la solución para la inflación") y afirmó que faltan productos de primeras marcas en las góndolas. "Para ningún gobierno, y para este tampoco, el consumidor fue prioridad", dijo el especialista, que a partir de agosto participará de un curso de posgrado de defensa del consumidor en Mar del Plata (ver aparte).
- ¿Los consumidores se caracterizan por hacer valer sus derechos a la hora de reclamar?
- Estamos progresando en ese aspecto. El proceso fue lento porque una rama del derecho que otorga nuevas facultades a los ciudadanos siempre demora un par de décadas en aplicarse a gran escala. No fue culpa de los consumidores el hecho de que hayan demorado en hacer valer sus derechos, sino que quizá hubo asignaturas pendientes por parte de los gobiernos nacionales en el sentido de implementar políticas activas, como la educación para los consumidores o la divulgación pública de sus derechos.
- ¿Cada vez hay más fallos a favor de los consumidores?
- Sí, judicialmente hay un progreso notorio. Incluso en algunas provincias donde hace pocos años era un tema absolutamente ignorado, ya comienza a existir jurisprudencia favorable a los intereses de los consumidores.
La inflación golpea el bolsillo de las familias, de modo tal que de ninguna manera se restablece a través del acuerdo de precios que incluye pocos productos. A nosotros nos gustaría que el poder público mida la inflación correctamente para garantizar que no se deteriore el poder adquisitivo, para conocer cuál es el salario real y para saber cuántos pobres tenemos. No me parece bien que se estimule el sobreendeudamiento de los consumidores, quienes muchas veces no pueden afrontar el gasto de la tarjeta de crédito a través de sus salarios. No hay en el país todavía un sistema político, administrativo y jurídico para solucionar esos problemas de sobreendeudamiento. En definitiva, el acuerdo de precios es insuficiente para resolver este tema de un modo global.
- ¿Está a favor de que el control de precios lo hagan militantes sociales?
- Me encanta la militancia social, pero para darle una mayor seriedad al sistema la iniciativa tendría que estar a cargo de los verdaderos controladores. Las funciones esenciales de gobierno no se pueden privatizar, ya que el control sobre el cumplimiento de las leyes está a cargo de los organismos de fiscalización. A nadie se le ocurriría que el tránsito sea controlado por militantes sociales.
- ¿Para el gobierno nacional el consumidor nunca fue prioridad?
- Para ninguno fue prioridad y para este gobierno tampoco. Hace poco publiqué un libro en el que decía que la defensa del consumidor en la Argentina estaba signada por 30 años de derechos sin políticas. De todas maneras, esta es una democracia joven y hay que entenderlo con calma. En los últimos años han existido otras prioridades a nivel de derechos humanos que realmente eran mucho más importantes. Pero yo soy optimista. En el país tenemos un ambiente jurídico muy progresista, contrariamente a lo que se quiere hacer ver en el último tiempo.
- ¿Los consumidores se caracterizan por hacer valer sus derechos a la hora de reclamar?
- Estamos progresando en ese aspecto. El proceso fue lento porque una rama del derecho que otorga nuevas facultades a los ciudadanos siempre demora un par de décadas en aplicarse a gran escala. No fue culpa de los consumidores el hecho de que hayan demorado en hacer valer sus derechos, sino que quizá hubo asignaturas pendientes por parte de los gobiernos nacionales en el sentido de implementar políticas activas, como la educación para los consumidores o la divulgación pública de sus derechos.
- ¿Cada vez hay más fallos a favor de los consumidores?
- Sí, judicialmente hay un progreso notorio. Incluso en algunas provincias donde hace pocos años era un tema absolutamente ignorado, ya comienza a existir jurisprudencia favorable a los intereses de los consumidores.
La inflación golpea el bolsillo de las familias, de modo tal que de ninguna manera se restablece a través del acuerdo de precios que incluye pocos productos. A nosotros nos gustaría que el poder público mida la inflación correctamente para garantizar que no se deteriore el poder adquisitivo, para conocer cuál es el salario real y para saber cuántos pobres tenemos. No me parece bien que se estimule el sobreendeudamiento de los consumidores, quienes muchas veces no pueden afrontar el gasto de la tarjeta de crédito a través de sus salarios. No hay en el país todavía un sistema político, administrativo y jurídico para solucionar esos problemas de sobreendeudamiento. En definitiva, el acuerdo de precios es insuficiente para resolver este tema de un modo global.
- ¿Está a favor de que el control de precios lo hagan militantes sociales?
- Me encanta la militancia social, pero para darle una mayor seriedad al sistema la iniciativa tendría que estar a cargo de los verdaderos controladores. Las funciones esenciales de gobierno no se pueden privatizar, ya que el control sobre el cumplimiento de las leyes está a cargo de los organismos de fiscalización. A nadie se le ocurriría que el tránsito sea controlado por militantes sociales.
- ¿Para el gobierno nacional el consumidor nunca fue prioridad?
- Para ninguno fue prioridad y para este gobierno tampoco. Hace poco publiqué un libro en el que decía que la defensa del consumidor en la Argentina estaba signada por 30 años de derechos sin políticas. De todas maneras, esta es una democracia joven y hay que entenderlo con calma. En los últimos años han existido otras prioridades a nivel de derechos humanos que realmente eran mucho más importantes. Pero yo soy optimista. En el país tenemos un ambiente jurídico muy progresista, contrariamente a lo que se quiere hacer ver en el último tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario