El juez Jorge Ferro, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, se vio envuelto en una polémica que debió salir a aclarar. Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense lo acusaron de “prestarse a maniobras” de la empresa Cablevisión cuando envió a un magistrado platense un oficio para hacer notar que –en Mar del Plata y La Plata– había dos resoluciones contradictorias de un mismo objeto. El próximo paso sería remitir la causa a la Corte Suprema de Justicia.
Ferro relató que el 12 de junio recibió un oficio de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), donde se le hizo notar la diferencia de las resoluciones: mientras en Mar del Plata se dio lugar en agosto de 2011 a la cautelar presentada por la empresa, en La Plata –meses atrás- se falló en contra, convalidando la resolución 50 de la Secretaría de Comercio Interior que obligó a la firma a mantener la tarifa en 138 pesos.
En este sentido, el magistrado dejó en claro: “No hubo ningún tipo de interferencia mía sobre el problema de Cablevisión”.
“La presentación de la Asociación Argentina de Televisión por Cable denunciaba una situación anormal, desde el punto de vista procesal, por cuanto acá en Mar del Plata se había hecho lugar a una medida cautelar –pedida por Cablevisión y después extensiva a la Asociación-; mientras que en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata se dictó otra medida cautelar. Había dos resoluciones contradictorias”, remarcó.
La disposición de la Cámara de Apelaciones –compuesta por Ferro y Alejandro Tazza- había establecido “que no se puede afectar y cambiar la tarifa que se viene cobrando por los cables de televisión, en razón de que la Resolución 50 de la Secretaría de Comercio Interior había sido derogada en diversos artículos por otro decreto”. De esta manera, se hizo lugar a la cautelar, y luego la ATVC y Cablevisión iniciaron el juicio principal.
Tras la notificación de la Asociación, Ferro -como presidente de la Cámara- envió el 4 de julio un oficio al juez federal de La Plata Adolfo Gabino Ziulu donde le advertía esta situación: “Le hice saber que había medidas cautelares contradictorias, y que estamos en medio de una notable inseguridad jurídica, que es prudente resguardar; y que la que se había dictado en Mar del Plata había sido dos años anterior a la dispuesta por él”. Ese oficio no fue una decisión personal, sino que medió un pedido de la ATVC. Su intención –sostuvo- fue “evitar el escándalo, en el ámbito jurídico, que implican dos resoluciones contradictorias”.
La respuesta de Ziulu llegó el 12 de agosto: “Me dijo que ellos efectivamente dictaron una medida cautelar, que fue convalidada por la Cámara Federal de La Plata, y que va a mantener esa decisión”.
“Al devolverme el oficio –indicó Ferro- yo tengo que tomar una decisión y es la que estoy estudiando para ver qué pasos seguir. Creo que lo más lógico es remitir a la Corte Suprema de Justicia en razón de que diga si tiene razón Mar del Plata o La Plata”.
Tras dar a conocer los pasos legales que se sucedieron, cuestionó el comunicado oficial que divulgó la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. “El comunicado habla de cosas inexactas, de que yo he tratado de restarle personería a la Defensoría, una cosa totalmente absurda, extraña, y que nada de relación tiene con la causa. Un juez dijo una cosa, otro juez dijo otra cosa con la misma resolución y hay una parte que no sabe a qué atenerse: si cumple con la resolución de Mar del Plata o con La Plata”, señaló.
Y sumó: “Hay que bajar los decibeles con relación a Cablevisión: es una parte más, se le da razón cuando la tiene y no se le da razón cuando no la tiene”.
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