La presentación judicial iniciada hace ocho meses por la Defensoría del Pueblo bonaerense -cargo de Carlos Bonicatto- contra Cablevisión por sobrefacturación en la tarifa, sumó esta semana un nuevo revés: el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Jorge Ferro, se habría “prestado a maniobras” de la empresa del Grupo Clarín para que el organismo sea apartado de la causa. Tanto el funcionario como representantes locales de la Defensoría provincial criticaron el accionar del magistrado marplatense y advirtieron que la empresa continúa “presionando a la Justicia”.
La creciente cantidad de denuncias de usuarios a la Defensoría del Pueblo de la Provincia por sobrefacturación en la tarifa de televisión por cable de la empresa Cablevisión promovió varias acciones judiciales de parte del organismo bonaerense.
La causa se encuentra “trabada” en la Justicia a partir de una medida cautelar a la cual se mantiene aferrada la empresa, pero esta semana el conflicto tuvo como eje a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
A pedido de la empresa, el titular de la Cámara, Jorge Ferro, “envió un escrito en el que le indica al juez Ziulu que rectifique su postura, en función de que fue inducido a error a partir de los argumentos presentados por la Defensoría”, sostuvo Bonicatto, quien dejó entrever los intereses políticos y económicos que se esconden detrás de la causa de sobrefacturación.
El juez federal de La Plata Adolfo Gabino Ziulu había dado lugar a la acción presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. Sin embargo, en una “insólita” y “singular” maniobra “sin demasiados precedentes”, el juez marplatense le “sugirió” al magistrado platense que “revea” su postura. Es decir, que se retracte y se expida a favor del Grupo Clarín.
En diálogo con El Atlántico, Bonicatto reconoció que “resulta por lo menos extraño” el escrito enviado por Ferro a Ziulu. “Le pidió que a un juez de otra jurisdicción modifique su postura porque supuestamente había sido inducido a un error”, dijo el titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Finalmente, el titular del Juzgado Nº 2 de La Plata desestimó la “sugerencia” del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
En la misma línea, Bonicatto advirtió que “un juez no tiene por qué prestarse a este tipo de maniobras promovidas por una empresa y mucho menos dar recomendaciones a un magistrado de otra jurisdicción acerca de cómo debe proceder".
Vale destacar que el funcionario informó que esta acción motivó una presentación de la Defensoría ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Previamente se solicitó también la intervención del Ministerio de Trabajo.
Este medio consultó también a Edgardo Alabart, coordinador de la Defensoría del Pueblo bonaerense en Mar del Plata, quien adhirió a las palabras de Bonicatto y dejó entrever eventuales “presiones” de distinta índole (judiciales y extrajudiciales) por parte de la empresa a representantes del Poder Judicial, tanto en la ciudad como en Capital Federal.
El referente local del organismo confirmó que a partir de una acción presentada por la empresa del Grupo Clarín, el juez marplatense Jorge Ferro envió esta recomendación para “modificar” la postura de su par del Juzgado Federal Nº 2 de La Plata, quien fue el que resolvió en diciembre de 2012 que Cablevisión debía “ajustar” su abono básico al monto que indica la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que actualmente es de 138 pesos.
Finalmente, el accionar del juez marplatense fue tildado de “injustificable” y de responder a intereses del Grupo Clarín por “prestarse a maniobras” de “dudosa procedencia”.
LA EMPRESA PRESIONA A LA JUSTICIA
Encontrar la manera de que la Defensoría del Pueblo sea “apartada” de la causa es, según los representantes del organismo, “una maniobra más” de la empresa de cable para aferrarse a la medida cautelar y “seguir facturando mientras tanto”.
Pero Bonicatto informó que "la estrategia de la empresa del Grupo Clarín para apartar a la Defensoría de la causa no terminó allí”, ya que recientemente, un grupo de “supuestos usuarios” se presentó ante la Justicia para cuestionar la legitimidad del Defensor, aduciendo que “no se sienten representados por la institución".
El ombudsman bonaerense advirtió que “curiosamente los argumentos que exponen son los mismos que los de Cablevisión, lo que resulta indignante”.
“No vamos a tolerar que la empresa, amparándose en presuntos usuarios, intente preservar intereses económicos minoritarios, y menos aún que trate de socavar la legitimidad de una institución democrática”, agregó el titular del organismo.
Bonicatto remarcó que la acción interpuesta por la Defensoría del Pueblo responde al pedido de usuarios de distintas localidades de la Provincia para que el organismo intervenga. "Tratamos de equilibrar la situación de desigualdad entre el poder de una persona y el poder de las empresas”, manifestó. Por último, dijo que el área continuará “batallando” para arribar a una solución en medio de una polémica sesgada por intereses políticos y económicos que podría llegar incluso a la Corte Suprema de Justicia.
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