Para la jornada de este martes la comisión de Obras agendó tratar el proyecto de ordenanza que contiene distintos parámetros para regular el uso, entrega y difusión del material generado por las cámaras de seguridad instaladas en el partido de General Pueyrredon.
La iniciativa pertenece al concejal Hernán Alcolea, quien elevó la norma hace más de un año, cuando aún pertenecía al bloque de la Agrupación Atlántica. Según se desprende del texto presentado para el análisis del Cuerpo, se pretende “llenar un vacío legal” y proteger los “datos personales sensibles de los vecinos y visitantes”.
Además, contiene precisiones respecto del ámbito de aplicación de la normativa -en caso de ser aprobada-, los principios que regirán la utilización de las imágenes y los límites a imponer, entre otros puntos. También fija la creación de una “Comisión de Garantías de Videovigilancia” y sus distintas facultades.
Según explicó a El Atlántico la presidente de la comisión de Obras, la radical Vilma Baragiola, ante la falta de respuestas del Ejecutivo a un pedido de informe el proyecto vuelve a estar en tratamiento, a fin de que no pierda estado parlamentario. Asimismo, Baragiola adelantó que desde la UCR se pedirá la aprobación de la normativa.
En este punto, es necesario realizar un repaso del camino deliberativo del expediente y lo acontecido al momento de aprobarse la implementación del sistema de videovigilancia urbana.
En 2010, el Cuerpo validó la oferta de la empresa Global View para que ésta se haga cargo de la puesta en marcha del mecanismo y, en forma simultánea, se avaló una ordenanza, impulsada por la oposición, la cual establece que los derechos de uso de las imágenes obtenidas por el sistema en cuestión, corresponden a la municipalidad.
Asimismo, la norma establecía en su artículo segundo que el material sólo sería remitido a la Justicia y si era requerido por terceros, debía mediar una orden judicial para su entrega. Con la excusa de no burocratizar los trámites para extender las imágenes a alguna ONG u otro tipo de organización que las requiera, el Ejecutivo optó por vetar este artículo.
De esta manera, cuando en julio de 2012 comenzaron a funcionar las primeras 60 cámaras de seguridad en la ciudad, la legislación respecto del uso de imágenes se limitaba -y se limita aún- a indicar que es el Municipio quien tiene los derechos. Aunque lejos de la utilización mediática que se le da a este material en otras localidades, lo cierto es que sin una normativa específica, la Comuna distribuye lo captado por las cámaras en canales de televisión e incluso en su canal oficial de You Tube.
A pesar de que el coordinador del Programa de Seguridad Comunitaria, César Ventimiglia, había advertido la necesidad de contar con un texto normativo complementario y más claro, la iniciativa no surgió desde el seno del Ejecutivo ni del bloque oficialista, sino a partir de un proyecto de Alcolea.
La propuesta ingresó al Concejo en agosto del año pasado y en una primera lectura, las distintas bancadas la vieron con buenos ojos. Ni siquiera el oficialismo practicó grandes objeciones, aunque sí entendieron que el texto debía “pulirse”, modificar algunos artículos y agregar otros.
El expediente contó con su primer avance legislativo en octubre, cuando recibió un informe positivo deVentimiglia. El funcionario a cargo del área de Seguridad del Municipio fue escueto en su análisis, ya que se limitó a opinar que el contenido es “completo y apropiado”. Así, el presidente del bloque oficialista y de Legislación, Diego Monti, ofreció al arco opositor una semana más para interiorizarse sobre el texto, antes someterlo a votación.
Esto sucedió finalmente a principios de noviembre. En forma unánime la comisión dio por aprobado el proyecto y propició así que pase a Obras, último aval necesario para que sea tratado en el recinto y obtenga sanción definitiva.
Contrario a todo pronóstico, este escenario nunca tuvo lugar. El expediente duerme en comisión desde el 5 de noviembre, sin tratamiento alguno, a la espera de un informe de Ventimiglia más exhaustivo.
Pasados casi 10 meses, el proyecto de ordenanza estará hoy en tratamiento en la comisión de Obras, donde el radicalismo promoverá la aprobación. Restará dilucidar la postura del bloque oficialista, imprescindible tanto para avanzar como para estancar el marco normativo para regular el uso de las imágenes generadas por las cámaras de seguridad.
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