La coyuntura superó a las discusiones que pudieran darse en el marco del orden del día del plenario que se desarrolló durante la jornada de este miércoles y la necesidad de imponer medidas de seguridad en la zona de las canteras, quedó expuesta.
El accidente que terminó con la vida de dos adolescentes al caer al vacío en un cuatriciclo en una cava de Batán, avivó el debate entre los concejales por la legislación al respecto.
Es que la Unión Cívica Radical cargó contra el Ejecutivo por no controlar el cumplimiento de una ordenanza que establece la obligatoriedad, para explotadores, permisionarios y/o propietarios, de cercar el perímetro de las cavas, una vez finalizada la actividad extractiva. En tanto, el oficialismo aseguró que la norma en cuestión es “inaplicable” y reprochó a la oposición la falta de proyectos para reemplazar el texto legislativo en vigencia.
La discusión comenzó una vez finalizado el tratamiento del orden del día y al momento de abordar los expedientes sobre tablas. Los sucesos de público conocimiento motivaron al radicalismo a pedir la inclusión de un proyecto de comunicación presentado en 2012, el cual solicita al Ejecutivo que informe sobre la reglamentación de la norma 16734, acciones implementadas y el resultado del relevamiento de cavas en jurisdicción de la Delegación de Batán, impuesto también por ordenanza (la nº 18585).
La primera normativa a la que hace referencia el pedido de informe fue sancionada en el año 2005 -gobernaba el radical Daniel Katz- y obliga a los explotadores, permisionarios y/o propietarios de extracción minera de tercera categoría y de actividades extractoras de suelo, a cercar el perímetro con un alambrado “cuyas características fijará la reglamentación para cada caso”, una vez “culminadas, interrumpidas o suspendidas sus actividades”.
Si bien se consintió la incorporación del expediente al orden del día, el oficialismo se negó a aprobarlo y pidió la vuelta a comisión del mismo.
El presidente de la bancada de Acción Marplatense, Diego Monti, ofreció los fundamentos de tal decisión. El concejal recalcó que el expediente en sí contiene una serie de informes elaborados por diferentes áreas del Ejecutivo desde que fue presentado, en el año 2012, y que responden las inquietudes planteadas.
Asimismo, aseguró que la ordenanza 16.734 no se puede reglamentar, sino que hace falta trabajar en una nueva legislación que “termine con las canteras a cielo abierto”, dado que la actual estaría “mal redactada” y sería de “imposible cumplimiento”. Según dejó entrever Monti, la norma no deja claro cómo se intimaría a los propietarios a cercar las cavas.
La postura de la bancada oficialista despertó el enojo del radicalismo. El edil Maximiliano Abad -autor del proyecto de comunicación- determinó que a partir de la no reglamentación de la normativa “queda al descubierto la inoperancia del Estado municipal”.
Respecto del accidente ocurrido en Batán, Abad señaló que la cantera no estaba en las condiciones previstas por la ordenanza en vigencia, (es decir cercada) y se preguntó “dónde está el poder de policía municipal”.
“El pedido de vuelta a comisión me parece una ofensa y las demoras para contar con información, una burla y una falta de respeto”, disparó el radical.
Monti se encargó de responder los cuestionamientos e insistió en que la norma “no se puede reglamentar porque tiene problemas serios”.
El titular del bloque oficialista instó a la comisión de Obras, presidida por la radical Vilma Baragiola, a reunirse de manera extraordinaria durante la jornada de este jueves y “ponerse a trabajar en una legislación moderna”.
“Si lo que quieren es hacer política liviana, aprobemos la comunicación para que el Ejecutivo nos mande todos los informes que ya envió el año pasado”, reprochó luego Monti.
Abad interpeló al oficialista para que explique los motivos por los que la ordenanza es “inaplicable” y no puede ser reglamentada, pero Monti se limitó a mocionar para que se vote la vuelta a comisión del proyecto de comunicación.
Ante esta postura, el presidente del bloque radical, Nicolás Maiorano, arremetió contra el Ejecutivo al determinar que los informes remitidos no hacen referencia a que la norma no se puede aplicar, sino a la falta de reglamentación de la misma, y sentenció: “No hace falta llamar a la Nasa para alambrar un predio”.
El oficialista Monti volvió a disentir y aseveró que “todos los funcionarios se cansaron de decir que es inaplicable” por lo que pidió a los opositores que “se sienten a legislar”.
La votación, finalmente, resultó a favor del oficialismo y se dictaminó así la vuelta a comisión de la propuesta. Aunque no fue explícito, a partir del debate suscitado y especialmente por el trágico accidente que terminó con la muerte de dos chicos, podría inferirse que los concejales tendrían la intención de trabajar en una legislación que otorgue garantías de seguridad en las canteras del partido de General Pueyrredon.
¿QUÉ DICE LA LEGISLACIÓN?
La ordenanza 16.734 establece la obligatoriedad por parte de los explotadores, permisionarios y/o propietarios de extracción minera de tercera categoría y de actividades extractoras de suelo de, una vez culminadas, interrumpidas o suspendidas sus actividades, proceder a “cercar el perímetro del mismo con un alambrado cuyas características fijará la reglamentación para cada caso”.
En su artículo segundo, indica que el responsable de la cantera “notificará el cese, interrupción o suspensión de las actividades y la realización del cercamiento perimetral a la autoridad municipal de aplicación para la correspondiente inspección”.
Además, dispone que los propietarios de los inmuebles alcanzados por la norma “podrán proponer alternativas de recuperación o rehabilitación de las canteras y cavas, las que deberán ser autorizadas por el Departamento Ejecutivo”.
Por último, indica que “el incumplimiento de lo dispuesto hará pasible al responsable, explotador, permisionario y/o propietario, de las sanciones establecidas en el Código Contravencional”.
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