Laura Iglesias tenía poco más de 50 años. Se había mudado a la costa, tiempo atrás, buscando tranquilidad y otro ritmo de vida. Venía de militar en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Morón y trabajaba, como muchas otras compañeras, en el Patronato de Liberados, donde desarrollaba tareas de seguimiento y asistencia de excarcelados, siempre con la mirada puesta en el servicio social. Su destino, lamentablemente, quedó truncado antes de lo previsto: el pasado 30 de mayo, su cuerpo fue hallado sin vida en cercanías de Miramar. El presunto autor material del hecho es, paradójicamente, un hombre con antecedentes penales, quien había cumplido una condena de cuatro años de prisión.
El brutal asesinato de Laura Iglesias no solo fue el desencadenante de un paro de los trabajadores de ATE, sino que, también, fue el puntapié para el inicio de numerosos interrogantes que, en su mayoría, ponen en tela de juicio el funcionamiento del Patronato de Liberados, en particular el de la delegación local ¿Quién protege a los y las trabajadoras encargadas de controlar el comportamiento de personas con libertad asistida, condicional o excarcelación? ¿Qué pasa cuando hay amenazas? ¿Por qué, quienes cumplen funciones en el organismo, deben utilizar sus vehículos para trasladarse o, caso contrario, encargarse por disposición general de la tutela de sus vecinos, que viven a metros de sus hogares y de sus familias?.
A dos meses de la muerte de Laura, en la delegación local del Patronato la situación “está desbordada”. Según expuso la licenciada en trabajo social y trabajadora de la seccional Mar del Plata,Alicia Echarri, el recurso humano no es suficiente, no están garantizadas las condiciones laborales y no hay ni contención ni protección ante tareas de riesgo. “Nosotros pretendemos que haya un antes y después de Laura Iglesias”, dijo la mujer.
Durante una entrevista radial, Echarri se refirió a la situación que atraviesa este organismo, encargado del seguimiento y tratamiento de excarcelados. Para comenzar, la profesional resaltó la falta de personal, ya que, si bien la ley indica que debería haber un trabajador cada treinta tutelados, “eso nunca sucede”. “Aunque en el 2005, por una nueva ley, ingresaron al Patronato bonaerense entre mil y mil quinientos trabajadores sociales y psicólogos, la realidad es que hubo un incremento masivo de personas con causas penales y al día de hoy, no alcanza el personal”, sostuvo.
En ese sentido, la trabajadora social hizo alusión a las competencias del organismo, algo que ha generado, en el transcurso de los años, disconformidad entre los mismos empleados. Es que, desde su origen, la ley 12.256 -de Ejecución Penal- no le asignaba al Patronato la custodia de personas no liberadas. Sin embargo, durante años, el personal cumplió la tarea de controlar estas detenciones.
Recién fue en agosto del 2011 cuando la Provincia se pronunció respecto a estas irregularidades y, a través de la sanción de la ley 14.296, incorporó dentro de las tareas del organismo, al control de los arrestos domiciliarios. Pero las modificaciones nunca fueron reglamentadas e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de algunos de los artículos de la nueva norma.
Ante este escenario, desde hace cuatro años, la mayoría de los trabajadores del Patronato lleva adelante una medida de fuerza, por lo que el control de los arrestos domiciliarios ha quedado a cargo, tan solo, de unas siete personas. “Nosotros nos hemos negado a cumplir esas nuevas tareas, porque en la medida que nos agregan más personas a cargo, no podemos cumplir con nuestras funciones”, explicó Echarri, quien de igual modo aclaró que son las coordinadoras las que sí llevan adelante estos controles, calificados de “utópicos” por la misma empleada, ya que, según mencionó, más allá de la corroboración de la presencia de una persona en su hogar, “no hay manera de controlar todo, es imposible que una persona sola pueda estar pendiente todo el día de otra”.
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