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| Las pintadas políticas tambien en la mira |
La polémica por la proliferación de pintadas y graffitis en Mar del Plata y la posibilidad de regular su realización, volvió a tomar relevancia en las últimas semanas y su secuela está marcada por un proyecto de ordenanza que establece multas, decomiso y hasta el arresto para quienes practiquen esta actividad en frentes y fachadas de viviendas o comercios, sin consentimiento de sus propietarios.
El primer debate tuvo lugar a finales del año pasado a partir de una propuesta de la oposición de carácter prohibitivo hacia la realización de graffitis sin autorización. La idea no prosperó por el rechazo del oficialismo, el cual optó por “resolver” el asunto con un “Concurso de Arte Urbano” -sancionado por ordenanza-, que hasta la fecha no se convocó.
En su momento, quien estuvo de acuerdo con el arco opositor en su cruzada fue el edil de Acción Marplatense Mario Lucchesi, quien pocas semanas después de la discusión en comisión, presentó su propio proyecto para sancionar a los graffiteros. El mismo nunca fue puesto en tratamiento y a principios de abril, pasados los 4 meses reglamentarios, su irremediable destino fue el archivo.
Ahora, la bancada de AM -o al menos la mayoría- parece haber cambiado de opinión porque el expediente elevado por Lucchesi no sólo fue desarchivado, sino que ya cuenta con el despacho favorable de la comisión de Legislación, obtenido el último lunes.
En esta ocasión, el Frente para la Victoria votó en forma negativa al igual que, sorpresivamente,Leandro Laserna, concejal oficialista.
En términos concretos, el proyecto propone incorporar a la ordenanza 4544 -ódigo Contravencional- un artículo que contiene cuatro ítems, a fin de establecer “multas del 30 al 70 por ciento y/o decomiso y/o arresto de hasta 20 días”, para “quienes realicen pintadas, graffitis, inscripciones y/o dibujos de cualquier especie sobre los frentes y fachadas de viviendas y/o negocios particulares”. Señala, además, que “serán solidariamente responsables los padres, tutores, y guardadores en caso de que la infracción sea cometida por menores de 18 años a su cargo”.
Los otros dos puntos se refieren a las excepciones, ya que exime de las penalidades “cuando el infractor o su representante hayan reparado íntegramente el daño realizado” o si existiera “autorización o consentimiento de parte del propietario de la vivienda o negocio”.
Así, en pocos meses, los graffiteros pasaron de artistas a vándalos desde la perspectiva oficialista, que en su momento había argumentado fuertemente en contra del carácter sancionatorio y prohibitivo de la norma presentada por el radical Maximiliano Abad, además de cuestionar la viabilidad de su cumplimiento por las dificultades en el control.
Con el aval de la comisión de Legislación, sólo resta que suceda lo mismo en Hacienda para que la iniciativa sea abordada en el recinto. No obstante, tampoco sería extraño que se ponga un freno a esta intención desde el propio oficialismo, situación que ya ha pasado en diversas ocasiones en el marco del análisis de propuestas de esta naturaleza que incluso llegan a sesión con despacho de comisiones, y vuelven a esta instancia para no volver jamás a tratarse.
A modo de ejemplo, vale mencionar la idea del propio Lucchesi para sancionar a los padres de menores que cometan faltas contravencionales: tras dormir un buen tiempo en comisiones, el oficialismo reflotó la normativa, le dio gran impulso a pesar de las advertencias de parte del arco opositor y, ante un tajante informe del Consejo de la Niñez y Adolescencia, tuvo que dar marcha atrás con la excusa de continuar el análisis y modificar algunos aspectos. Hasta la fecha no volvió a tener tratamiento.
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