Cuatro días después de la ruidosa protesta de guardavidas, los cinco trabajadores de balnearios de Playa Grande fueron reincorporados a sus puestos laborales. “Quedó en evidencia que eran despidos arbitrarios y que se trataba de persecución gremial”, sostuvo Diego Sánchez Cabezudo, dirigente de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA).
El conflicto, que el lunes comenzó en la costa y Saavedra y luego se trasladó hasta las puertas de la Municipalidad, se desató después del despido de cinco guardavidas, que recientemente se habían afiliado a UGA. El repudio y la movilización fueron inmediatos, por la falta de justificación por parte de los empleadores.
“Todos fueron echados sin motivo. Tenemos mucha bronca, porque estamos hablando de compañeros que viven de su trabajo”, había dicho Sánchez Cabezudo. El mecanismo utilizado para el despido había sido el mismo con los cinco: como argumentos se esgrimían cuestiones empresariales. Los trabajadores venían desarrollando tareas desde la licitación de los últimos pliegos hace dos años.
“Fue algo bastante particular, porque solo se despidió a quienes están en el gremio. De alguna manera, se trató persecución sindical”, sostuvo el representante de UGA. Después de una conflictiva audiencia el jueves, las partes volvieron a reunirse en instalaciones de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación -comandada por Ángel Ratto y situada en Santiago del Estero casi Luro-, donde finalmente se firmó el acta acuerdo. Sánchez Cabezudo celebró la reincorporación de los compañeros y dijo: “Ahora podemos enfocarnos en la discusión de fondo que es por el convenio colectivo de trabajo, que no se está cumpliendo correctamente”, apuntó.
A su vez, el dirigente celebró que la ciudad vuelve a recuperar “la paz social”. “Nosotros no queremos entrar en conflicto, pero nos vimos obligados a hacer público el reclamo porque estaba en juego el trabajo de cinco guardavidas y el ingreso de cinco familias”, añadió.
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