Estre martes al mediodía. Ese es el momento en que vence el plazo para que Aldosivi presente en el Municipio un estudio de impacto ambiental en referencia a las obras que lleva a cabo en la reserva del Puerto.
El pedido se produjo tras el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó al club detener completamente sus tareas hasta pasar por un proceso de evaluación ambiental. Si Aldosivi no cumple con la presentación puede ser sancionado con la clausura de la obra.
Días después de conocido el fallo judicial que dio lugar a un amparo presentado por ambientalistas y que obligó a Aldosivi a detener completamente sus obras hasta tanto no se concrete un estudio de impacto ambiental bajo el control del Municipio, el Gobierno intimó al club a que dentro del plazo de diez días presente el informe.
Según informaron desde la Dirección de Gestión Ambiental del Municipio uno de los abogados del club se presentó a observar el expediente pero hasta este lunes el estudio no había sido presentado. Además aseguraron que tampoco recibieron alguna comunicación sobre si el club había apelado el fallo a la Corte Suprema tal como lo había anunciado el abogado representante de la institución,Valentín Grasso, cuando se conoció el fallo. “Hay muchas cosas por mejorar en esa resolución. No es feliz, no ha mejorado la situación por la que atraviesan las partes y por ello vamos a recurrir el fallo”, había manifestado.
Si eso finalmente no ocurre y el estudio de impacto ambiental no es presentado, el Municipio tiene previsto enviarle hoy mismo al club un acta de constatación para formalizar que se venció el plazo. Además, ante esta situación se le podría aplicar una fuerte sanción: clausurar las obras.
Para eso el Municipio recurriría al accionar de la Policía Ambiental ya que el área de Inspección General no cuenta con el respaldo legal suficiente a partir de la jurisdicción en el que se encuentra el predio.
CUESTIÓN DE JURISDICCIÓN
El estudio que debe presentar Aldosivi ya fue solicitado dos veces por el Municipio. La primera vez fue en septiembre del año pasado pero nunca fue entregado. Sucede que hay una dependencia provincial que también intervino en el tema y la “jurisdicción” a la que corresponde la Reserva ha sido la base de numerosas idas y vueltas.
Esa dependencia es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (Opds) que si bien en un primer momento había decidido que la responsabilidad de supervisión y control era del Municipio, más tarde, con un cambio de autoridades de por medio, dio marcha atrás y le solicitó nuevamente un informe de impacto ambiental al club. Tras ello, Aldosivi lo presentó en abril de este año y fue aprobado bajo el argumento que el certificado de aptitud ambiental se hizo con convencimiento de que “había un proyecto de obra amigable con el medio ambiente”.
Días atrás el titular del Opds, Hugo Bilbao, le dijo a El Atlántico estar “convencido” de que las obras “no afectan la biótica de lo que significa la Laguna del Puerto”. Además sobre la resolución judicial de determinar que quien debe dar el certificado es la Municipalidad consideró que “es contrario a lo que especifican las leyes de fondo”. De todas maneras dijo ser “absolutamente respetuoso de lo que dice la Justicia”.
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