Por resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, se amplió el Seguro de Capacitación y Empleo, que prevé un aporte por desempleo, que puede aumentar de acuerdo a la capacitación o programa de inserción laboral.
El Ministerio de Trabajo de la Nación resolvió, en los últimos días de junio, ampliar el Seguro de Capacitación y Empleo a toda víctima de trata o explotación sexual, y a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad vinculada a la prostitución. De esta manera, se busca brindar una alternativa de vida, en caso de que logren ser insertadas dentro del mercado laboral.
Según consta en la resolución 1504/2013, deben ser relevadas por un organismo público nacional, provincial o municipal, o por una organización no gubernamental con trayectoria en la temática o en la atención de esta población.
En diálogo con El Atlántico, Jorge Trovato, a cargo de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, explicó que el seguro se creó con el objetivo de brindar apoyo a trabajadoras y trabajadores desocupados en la búsqueda activa de empleo y en la actualización de sus competencias laborales. En este marco fue que se incluyeron a los participantes del programa Jefes y Jefas de Hogar.
“Fue la primera gran tarea que tuvo el Ministerio de Trabajo: bancarizar a toda la gente que estaba en este programa, para luego empezar a tener una política de empleabilidad. Es decir, ir terminando con el subsidio y orientándolos al empleo”, sostuvo el funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación.
En 2011 se puso el foco sobre las víctimas de trata, a través del dictado de la resolución 1423, pero sólo incluía a aquellas relevadas durante procedimientos de fiscalización laboral y/o por intermedio de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En este marco, “Mar del Plata tuvo el primer caso en el país de personas víctimas de trata que está siendo orientada hacia la empleabilidad”, según remarcó Trovato. La joven está siendo asistida desde hace más de tres meses.
“El análisis de la experiencia recabada desde el dictado de la resolución de 2011 permite observar la necesidad de ampliar el alcance de la medida a todas las víctimas de prácticas de trata de personas, independientemente de su procedimiento o medio de detección y comprendiendo a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad vinculada a la prostitución”, según detalla la resolución de este año.
Esto se suma a lo que indica el inciso c) del artículo 2 de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (26.364, modificada por la 26.842), que describe como un supuesto de explotación a “la promoción, facilitación o comercialización de la prostitución ajena o de cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos”.
En este sentido, desde la cartera laboral contemplaron que tanto la explotación sexual como el ejercicio de la prostitución “se encuentra relacionado, en la mayoría de los casos, a condicionantes socioeconómicos, de género o de identidad sexual”.
“La pobreza profundiza las desigualdades y restringe el ejercicio de una ciudadanía plena y de los derechos humanos”, aseveraron. Y contemplaron que entre las mujeres trans en situación de pobreza“se incrementa la vulnerabilidad social y el riesgo de ser víctimas de prácticas y redes de trata de personas”.
En consecuencia, el secretario de Empleo, Enrique Deibe, resolvió extender el alcance de la resolución del 2011 “a toda persona relevada como víctima de prácticas de explotación sexual o de trata de personas, o en situación de vulnerabilidad vinculada a la prostitución, por un organismo público nacional, provincial o municipal, o por una organización no gubernamental con trayectoria en la temática o en la atención de esta población”.
Luego, serán registradas en la Plataforma Informática de la Red Servicios de Empleo como destinatarias de la cobertura del Seguro de Capacitación y Empleo, para poder iniciar, en forma personal, el trámite de inscripción ante la Oficina de Empleo.
Trovato explicó que desde la gerencia que dirige, no se otorgan subsidios, sino que se desarrollan políticas de empleo. Una vez que ingresan al seguro, “cobran 225 pesos; si hacen curso de formación profesional, cobran 450; si hacen un entrenamiento para el trabajo cobran 1500 pesos; y si ingresan a trabajar a una empresa dentro del programa de promoción del empleo, pasan a ser trabajadores de convenio”.
Una vez insertas en una empresa, “los 1500 pesos por seis meses los cobra el empleador, más un 50 por ciento de rebaja en los aportes patronales el primer año, y 25 el segundo”, según detalló el funcionario.
“Esto es un incentivo para que los empleadores se hagan cargo conjuntamente con el Estado no sólo de la población trans o las víctimas de trata, sino también aquellos que todavía -podemos decir- están dentro del núcleo duro de la desocupación”, completó.
El seguro rige por dos años, aunque las personas que forman parte de este programa pueden insertarse antes al mercado laboral. “El desafío es poder ubicar a los que se inscriben”, sostuvo.
Actualmente, la Gecal -con presencia en 17 municipios- contempla a 1500 personas dentro del Seguro de Capacitación y Empleo, además de quienes integran el programa Jóvenes por más y mejor trabajo.
Integración
“La población trans no tiene otra alternativa que prostituirse”, contempló Jorge Trovato, quien cuestionó: “Hay una negación total hacia ellas, quienes están dispuestas a ganar tal vez un poco menos en función de poder tener una vida normal. Tienen un serio problema de inserción laboral”.
En este sentido, comentó: “Conocemos casos de mujeres trans que se disfrazan de hombres durante ocho horas para poder trabajar, incluso siendo profesionales. Es realmente terrible que su identidad no pueda ser aceptada con naturalidad por parte de toda la sociedad”, cerró.
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