"Hace aproximadamente 20 días ingresamos al Concejo un pedido de informes solicitando que nos digan qué cantidad de cámaras hay colocadas, en qué lugares están ubicadas y cuáles son las que están funcionando y cuáles no. Todo el mundo habla de que funciona el 50 por ciento, de que están colocadas pero no todas funcionan".
"A las de tránsito también las están utilizando para seguridad, pero no tienen el mismo sistema. La verdad es que cuando se firmó el primer convenio por la seguridad ciudadana, en 2009, se planteó que iban a venir 27 millones de pesos en dos partidas. En ese convenio, entre otras cosas, se planteaba la colocación de cuatro cámaras por cada cuadrícula del partido. Ahora hay 83 u 84 cuadrículas, pero en ese momento había 90, por lo que debieron poner 360 cámaras", explicó Baragiola.
A su entender, las cámaras por sí solas no solucionan el problema de la inseguridad pero son una herramienta para combatirla. "Me da mucha vergüenza cuando se habla del sistema de cámaras y le hacen tanta propaganda. Tendrían que empezar a generar una autocrítica", advirtió.
Baragiola mencionó que en otros distritos "ya tienen entre 600 y 900 cámaras colocadas", y agregó: "Es vergonzoso que se hagan grandes anuncios por poco más de 120 cámaras y no estén respetando ni siquiera el primer convenio".
La radical consideró "insuficiente" el personal con que cuenta el municipio para operarlas. Incluso criticó las condiciones en que trabaja: "Hay personal 24 horas, se dividen en tres turnos, pero este invierno la han pasado bastante mal porque han tenido problemas con la calefacción. Hasta han calentado botellas con agua para calentarse las piernas".
Baragiola recordó que a su pedido de informes se agregó otro de la Comisión de Obras ?que ella preside? votado hasta por el bloque de Acción Marplatense. Entre otras cosas, los concejales buscan conocer dónde se colocarán las 40 cámaras que proveerá el gobierno bonaerense.
La concejal no dijo que la intención del Concejo sea hacer público el lugar de las cámaras, pero sí que los ediles tienen derecho a saber dónde están para ejercer un control sobre ellas.
El mantenimiento sigue despertando dudas. "Quiero saber si se les está haciendo mantenimiento porque se dice que no se está pagando", lanzó Baragiola. Y lamentó el hecho de que "nunca, en los presupuestos que han llegado al Concejo, se ha especificado la Dirección de Seguridad dentro del organigrama de la Secretaría de Gobierno, y mucho menos el presupuesto que se utiliza para seguridad". El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Fernando Maraude, también fue duro con el Ejecutivo: "Esconden la información porque no hay la cantidad de cámaras que dicen ni funcionan todas al mismo tiempo". Para el concejal, si se compara con otras ciudades "no hay un número importante".
"Estamos hablando de regular el uso de las imágenes, pero ninguno de nosotros sabemos dónde están ubicadas. Tampoco existe un equipo que determine las zonas importantes donde colocarlas", criticó.
Las imágenes
El proyecto para reglamentar la utilización de las imágenes y sonidos emitidos por el sistema de videovigilancia municipal fue presentado en julio de 2012 por Hernán Alcolea (Pro). Aunque fue convalidado por la Comisión de Legislación, todavía debe ser aprobado por la de Obras antes de su tratamiento en el recinto.
"Ya lleva más de un año en tratamiento. No pretendo que se apruebe tal cual lo presenté, pero tampoco que siga parado en Obras", dijo Alcolea, y aseguró que no entiende por qué la presidenta de esa comisión, Baragiola, espera más informes del Ejecutivo cuando "ya tiene uno favorable".
La iniciativa establece que "los sistemas de captación sólo pueden tratar imágenes de espacios públicos en la medida en que no excedan los aledaños de las propiedades sobre las que exigen asentarse (...)". Y agrega: "El sector público no puede utilizar sistemas de captación para tomar imágenes del interior de propiedades privadas ni de recintos privados, fijos o móviles, salvo autorización judicial expresa".
Otro proyecto de Alcolea tampoco avanzó en el Concejo. Es el que busca hacer obligatoria la colocación de cámaras compatibles con las de la Municipalidad por parte de supermercados, entidades financieras y hoteles de 4 y 5 estrellas; centros comerciales, teatros, cines, museos y bibliotecas para más de 500 personas; bares, restaurantes y boliches para 200 personas, clubes y estadios deportivos con una capacidad mayor a 500 personas, y universidades y colegios que concentren 800 estudiantes o más.
"El Ejecutivo dice que si todos estos lugares ponen cámaras compatibles con las del municipio, no tendría personal para operarlas", reveló Alcolea, y aclaró que los dos proyectos llevan más de un año en comisión, por lo que "no se hicieron por especulación política".
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