El expediente que contiene el proyecto de ordenanza que le dará carácter obligatorio a la separación de residuos en origen, quedó nuevamente en comisión porque el Ejecutivo aún no envió un informe solicitado al área del Enosur hace más de tres meses. El oficialismo se vio obligado este lunes a poner la iniciativa en el orden del día de Legislación, a fin de que no se venzan los plazos legales para tratarlo.
La propuesta es del propio gobierno municipal y, elevada en mayo de este año, establece la obligatoriedad de la separación en origen de los residuos sólidos urbanos, tanto domiciliarios como comerciales e industriales.
La futura normativa inició su trayecto deliberativo una semana después de su ingreso al Concejo Deliberante y durante los primero días de junio, obtuvo el aval de la comisión de Medio Ambiente.
Si bien primó el consenso entre los bloques, en esa misma instancia, las bancadas opositoras impulsaron un pedido de informe dirigido al área que conduce Manuel Regidor, a fin de aclarar algunas cuestiones.
Entre ellas, desde el radicalismo se preguntaron qué área del Municipio va a realizar las tareas de control y cuántos agentes se dispondrán para llevar adelante una campaña de sensibilización y concientización.
Además, desde la Agrupación Atlántica, Carlos Arroyo había expresado inquietudes respecto de los residuos voluminosos domiciliarios (como colchones, muebles y electrodomésticos en desuso) y había sugerido la posibilidad recuperar un antiguo mecanismo a partir del cual este tipo de residuos se levantaba una vez por mes mediante operativos conjuntos entre la municipalidad y las sociedades de fomento.
Tanto éstas como otros asuntos fueron remitidos al titular del Enosur, pero desde entonces, las respuestas brillan por su ausencia.
Como el último movimiento que registró el expediente aconteció en el mes de junio, el plazo que otorga el Reglamento interno del Concejo Deliberante para que un proyecto tenga despacho de comisión (120 días), estaba próximo a vencerse.
Ante este escenario, el oficialismo optó por ponerlo en el orden del día de la comisión de Legislación, cuyo presidente es Diego Monti, durante la jornada de este lunes, pero más bien a título decorativo ya que sin los informes solicitados, el proyecto no pudo avanzar.
EL PROYECTO
Según se desprende del articulado de la iniciativa del Ejecutivo, se establecerá un régimen de sanciones frente al incumplimiento de la norma, que fija la multa mínima en un monto aproximado de 775 pesos para los frentistas y de $1.745 para los grandes generadores.
Los fondos que perciba la Municipalidad por estos conceptos serán aplicados a la Contribución para la gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano -sobre tasa que comenzó a cobrarse este año a través de Obras Sanitarias-, destinada al mantenimiento del centro de disposición final de residuos.
La norma dispondrá, al aprobarse, que el mecanismo de separación se realizará en dos fracciones: residuos secos o inorgánicos -papel, cartón, plástico, metales y vidrios- secos y sin restos de alimentos; y húmedos u orgánicos, como restos de comida y de jardinería y todo aquello que no entre en los parámetros de la categoría anterior.
Las cuestiones obligatorias contemplan, además, el color de la bolsa en la que se sacan los residuos. Es que la ordenanza indica que la fracción recuperable que se disponga en la vía pública, deberá ser depositada en bolsas verdes. Así, más allá del día específico de cada sector, se tendrá que respetar la identificación por color.
En tanto, los días y horarios para la recolección diferenciada se establecerán mediante la reglamentación que hará el Ejecutivo, pero se estima que se mantendrán las condiciones que rigen hasta el momento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario