Nada de lo que ocurrió este jueves en la audiencia convocada por el Fiscal General Jorge Auat, a cargo de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad de la Procuración General de la Nación, y el Fiscal Horacio Azzolín en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata para abordar dos incidentes de la causa que involucra a Pedro Federico Hooft, salió como estaba previsto. Ni para la parte acusadora ni para el magistrado suspendido por su presunta participación en delitos de lesa humanidad.
Apenas comenzado el encuentro, los abogados de Hooft, Federico Hooft y Mariano Ayesa, pidieron a los jueces Jorge Ferro y Alejandro Tazza que recusaran Auat y a Azzolín, por lo que el tratamiento de los dos incidentes -la nulidad del llamado a indagatoria y la recusación del juez de instrucción,Martín Bava- quedaron en un segundo plano.
Pasadas las 16, el tribunal confirmó que había rechazado las recusaciones de los fiscales. Pero hubo una particularidad: el acusado estuvo presente.
Hooft llegó a las puertas del edificio de la Cámara Federal de Apelaciones pero no entró enseguida. Vestido de riguroso tapado verde oscuro y con las manos en los bolsillos, permaneció varios minutos en la vereda, junto a su hija y nietos, entre otros familiares. Hasta que por fin entró, sin siquiera mirar a los integrantes de organismos de derechos humanos que se hallaban en el hall del edificio judicial. Ahí mismo se enteró de que los jueces habían rechazado un nuevo pedido de recusación. Qué dijo a sus allegados es un misterio, pero la decepción ante el revés judicial se le notó en la cara.
Luego, los magistrados reanudaron la audiencia para abordar el planteo sobre la nulidad del llamado indagatoria, aunque en un primer momento la discusión se centró en las permanentes recusaciones que pide la defensa. En ese marco, Hooft hijo insistió en que “hay una intencionalidad de instalar la idea falsa de que se busca dilatar el proceso recusando a fiscales” y hasta acusó a los fiscales de tener un “discurso político”.
Según explicó que lo que buscan es que el juez suspendido sea sometido a indagatoria pero “ante unfiscal que conozca el caso” pero, además, “lo haga conforme a la ley y a las garantías constitucionales, así como antes él bregó por las garantías y los derechos humanos de muchas personas”.
Frente a esas declaraciones, Azzolín fue determinante: “Las recusaciones son maniobras dilatorias y los jueces tienen la función de garantizar la continuidad de los procesos”.
Aguat, por su parte, aclaró que “no se está ante un proceso político” porque “esta es una causa judicial, con acusaciones concretas” y aseveró que “lo único que falta acá es que Hooft se someta a derecho; todo lo demás son maniobras dilatorias o como se lo quiera denominar”.
La audiencia concluyó dos casi dos horas más tarde y sin el veredicto de Tazza y Ferro, que recién se conocería en los próximos días.
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