jueves, 4 de julio de 2013

Según el dictamen judicial, Aldosivi deberá presentar un estudio de impacto ambiental para seguir con las obras. Pero el Gobierno se lo solicitó hace casi 10 meses y nunca fue entregado.

Es una historia de idas y vueltas, de indefinición y de conflicto. Se trata de la reserva del Puerto y de las obras que allí realiza el club Aldosivi a partir de que en 2010 obtuvo la cesión gratuita del predio de siete hectáreas en jurisdicción del Consorcio Portuario.

Tal como publicó un matutino local el viernes pasado, la Cámara Federal de Apelaciones dio lugar a una demanda de amparo y ordenó a Aldosivi detener completamente sus obras hasta pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental a cargo del Municipio. Pero paradójicamente, el Gobierno ya realizó al club el pedido del informe. Fue en septiembre del año pasado. Y sin embargo, hasta el momento, no fue presentado y el Municipio no definió cuáles serán los pasos a seguir.

A partir de los límites del predio y de las obras que comenzaron a desarrollarse allí sin contar con un estudio previo de impacto ambiental, en 2011 se iniciaron las quejas por parte de varias organizaciones y grupos de vecinos autoconvocados.

La historia contiene muchos detalles que implican discusiones por cuestiones de jurisdicción, argumentos inválidos sólo para alargar los procesos y falta de coordinación para actuar entre los organismos del Estado. Una de las maneras más simples de comprender la situación es a través del orden cronológico de los hechos.

En agosto de 2012 el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (Opds) decidió levantar la clausura -que antes había dispuesto- de las obras sobre el predio por entender que la entidad deportiva “nunca presentó un proyecto para construir un estadio”. A través de la resolución 193/12 indicó que la responsabilidad de supervisión y control era del Municipio por lo que dejó abierta la posibilidad de que gobierno local solicite un estudio de impacto ambiental.

Ante esto, el 11 de septiembre el Municipio intimó al Club Aldosivi a realizar y presentar, en el plazo de 15 días, el estudio. Sin embargo, el tiempo pasó y el informe nunca fue entregado.

Así, el 11 de noviembre, el presidente del Ente Municipal de Obras y Servicios Urbanos, Manuel Regidor, explicó que ese día vencía el plazo para que Aldosivi lo entregue. De no cumplir con lo pedido –había adelantado- “le estamos solicitando al Consorcio del Puerto que paralice inmediatamente las obras, y el caso puede ir al Tribunal de Faltas para que se le apliquen medidas como multas o de otra naturaleza”.

Ante toda esta situación de incumplimientos y tras conocerse la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones del pasado 19 de junio, que obligó a Aldosivi a “suspender toda clase de actividad que suponga la alteración del espacio aeroterrestre del área comprometida hasta tanto cumpla con la presentación del Informe pertinente”, la Directora de Gestión Ambiental del Municipio, Claudia Baltar, sostuvo ayer que “el pedido de informe se hizo y se reiteró”. Y explicó: “Hubo en su momento una contestación de Aldosivi y el Consorcio Portuario que rechazaron el pedido porque argumentaban que no correspondía a nuestra jurisdicción”, contrariamente a lo que había ordenado el organismo provincial.

Concretamente, Baltar aseguró que enviaron la intimación a Aldosivi pero “nunca presentaron el estudio en sí” por lo que remitieron el tema al Juzgado de Faltas, aunque no trascendieron sanciones que se les hayan impuesto al club.

CAMBIO DE DECISIONES

La Cámara de Apelaciones en su fallo hizo saber a las partes (Club Atlético Aldosivi, Municipio de General Pueyrredon, Consorcio Regional Portuario Mar del Plata y Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable) que “deberán dar estricto cumplimiento al mecanismo estatuido por la ley 11723 de la Provincia de Buenos Aires”.

Para ello, se entiende, debieran tener algún tipo de comunicación, que por el momento no ocurre. Un ejemplo de eso: en febrero, el nuevo director del OPDS, Hugo Bilbao, recibió a los integrantes de la agrupación Asamblea de Vecinos Autoconvocados Trabajando en Acciones por la Reserva (AVATAR) tras sus insistentes reclamos.

A partir de allí, decidió dar marcha atrás con la decisión tomada anteriormente y le solicitó nuevamente a través del organismo a su cargo un informe de impacto ambiental a Aldosivi.

En ese sentido, la titular de Gestión Ambiental de la comuna, Claudia Baltar, reconoció: “En el medio, el OPDS tuvo un cambio de autoridades y nunca nos notificaron que se iban a hacer cargo (del pedido de informe)”. Y completó: “A partir de que no dieron la facultad para solicitar el informe, deberían habernos informado si decidieron cambiar su decisión”.

El informe de impacto ambiental pedido por el OPDS finalmente Aldosivi lo presentó el abril de este año y fue aprobado, según aseguraron integrantes de AVATAR.

Además indicaron que por este caso también recurrirán a la Justicia porque no contiene los pasos de participación ciudadana que son exigidas por ley como, por ejemplo, la realización de una audiencia pública.

Desde el Municipio, aseguraron no estar al tanto de esa decisión. “No sabemos porque nadie nos mandó las presentaciones, no tenemos conocimiento”, se excusaron.

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