Aunque la ordenanza comenzó a regir en noviembre del 2012, la proximidad de la temporada hizo que el Municipio otorgue un año de prórroga para su efectiva puesta en marcha. Los balnearios del sur, que van desde Punta Cantera hasta Acantilados, deben entonces señalizar las bajadas públicas, además de dotarlas de baños públicos, cestos de basura, senderos y veredas, antes del 30 de noviembre.
Para su cumplimiento, se firmó la semana pasada un acta acuerdo donde quedó detallado no sólo el plazo, sino también específicamente qué se debe hacer, con qué materiales y de qué manera, para que no haya excusas luego.
Fernando Carobino, titular del Distrito Descentralizado Vieja Usina, confirmó a El Atlántico que catorce dueños o concesionarios de balnearios -con la posibilidad de que se sumen dos más- ya están trabajando para hacer efectiva la señalización.
Aclaró también, que no son la totalidad de las playas que hay entre Waikiki y Acantilados, porque cuando están demasiado próximos, no tiene sentido disponer dos bajadas juntas, lo que flexibilizaría la normativa vigente que habla de garantizar “una bajada mínima por cada balneario o explotación turística existente”.
“La comisión de preservación del Paseo Costanero Sur está trabajando para que los concesionarios del sector construyan los arcos de accesos a los espacios públicos”, aseguró el funcionario.
SI NO CUMPLEN, HAY SANCIÓN
El trabajo que viene realizando Carobino trata de dar cumplimiento a la ordenanza 21.090, que contempla en su segundo artículo una apertura mínima de tres metros de ancho para cada bajada; la señalización clara, homogénea y precisa del paso público; y que la construcción de los pasos no sólo debe realizarse con materiales resistentes sino también garantizar su plena accesibilidad.
A su vez, especifica que cada bajada poseerá una batería de baños públicos de uso libre, y que los sectores de playa pública sobre la ribera deberán estar señalados en forma precisa.
Su cuarto artículo -también flexibilizado por la demora en su puesta en vigencia- indica que el Municipio puede “suspender o caducar las habilitaciones de funcionamiento de los balnearios, unidades gastronómicas, locales comerciales, kioscos y otras explotaciones comerciales”, en caso de que no se cumpla con la normativa.
El autor de la iniciativa fue el concejal Héctor Rosso, quien señaló que se trató de una preocupación de los vecinos de ese sector, ante la imposibilidad de acceder libremente a las playas.
“Nos parece justo que los vecinos o quienes nos visitan puedan llegar y permanecer en la playa por un acceso público, porque ese es su derecho y no que tengan que caminar 10 ó 12 cuadras para poder tomar un descanso frente al mar”, había dicho el edil oficialista el año pasado. Este verano 2014 estará por verse.
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