Ante el vencimiento de la normativa que mantiene suspendida, desde mediados de 2012, la instalación de antenas de comunicación telefónica a menos de 500 metros de hospitales, clínicas médicas, centros de atención primaria de la salud y unidades educativas, se volverá a prorrogar por 60 días. Según adelantó el oficialismo ayer en comisión -donde se aprobó la ampliación-, en diciembre se presentará una nueva legislación que regule la instalación de antenas en la ciudad.
Tanto la propuesta original como la prórroga, son iniciativas del titular de la Agrupación Atlántica,Carlos Arroyo. El edil se basó en estudios internacionales que indican que “la radiación electromagnética genera fatiga, problemas circulatorios”, y que “afecta al sistema nervioso de los usuarios y de los habitantes de los sectores cercanos a donde estén colocadas las antenas”.
Además, el concejal citó que en Inglaterra el ministerio de sanidad recomendó la aplicación del principio de prevención, a fin de aplicar resguardos de distintos tipos hasta que “la ciencia permita determinar los efectos de este tipo de radiación para la salud humana”.
CAMINO DELIBERATIVO
Si bien la ordenanza local fue aprobada por el Concejo Deliberante en junio de 2012, el expediente tuvo que atravesar diversos vaivenes de la vida deliberativa. Así, el proyecto fue presentado por Arroyo en septiembre de 2010, pero recién registró un movimiento importante en mayo de 2011 cuando fue incorporado al orden del día de la sesión sobre tablas.
En ese momento, fue la radical Vilma Baragiola quien solicitó la vuelta a comisión del expediente -con moción de preferencia para el plenario siguiente-, a fin de que el Procurador municipal tuviera la oportunidad de expresarse al respecto de la iniciativa.
A principios de junio, nuevamente en el recinto, el oficialismo volvió a pedir que el proyecto sea remitido a las comisiones producto de la llegada del informe solicitado.
En ese momento, Arroyo advirtió que se estaba tratando “un tema muy grave que es el de la energía no ionizable, que puede llegar a provocar enfermedades en el organismo humano” y acordó con la vuelta a comisión, pero con una moción de preferencia de por medio, la cual fue aceptada por el Cuerpo.
Así que en el encuentro del Concejo de fines de junio, el expediente se puso en tratamiento, pero tras la exposición de Arroyo sobre los peligros de las antenas de comunicación telefónica, el oficialismo requirió el regreso a las comisiones.
Si bien se había garantizado celeridad para el tratamiento y sanción de esta ordenanza, recién volvió al ruedo deliberativo 8 meses después y, aún, sin dictamen de comisión. Ante esto, el bloque de Acción Marplatense recayó en la vuelta a comisión del expediente, en la sesión del 26 de marzo de 2012.
Tres meses después de este hecho, finalmente la comisión de Legislación le dio el primer despacho al proyecto de ordenanza, el cual llegó al recinto 3 días después para ser tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad.
Desde entonces, la suspensión fue prorrogada en varias ocasiones y en último término, hasta el 31 de octubre de este año. Al encontrarse ya próximo a vencerse, se extendió nuevamente el tiempo de suspensión y, a pedido del presidente del bloque oficialista, Diego Monti, esta vez será por 60 días más. Según remarcó el concejal, para diciembre el oficialismo prevé elevar un nuevo marco normativo concerniente a la instalación de antenas en el partido de General Pueyrredon.
LEGISLACIÓN
Además de indicar la suspensión de la instalación de antenas en cercanías de escuelas y establecimientos sanitarios, la ordenanza 20.917, en su artículo 2º, dejó asentado que las compañías telefónicas que actualmente cuenten con antenas instaladas en el Partido, debían presentar la declaración jurada prevista en la Resolución 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.
La misma prevé la difusión del responsable del equipo, así como de la ubicación de la fuente de emisión y datos técnicos relevantes. Además, obliga a las empresas a desarrollar un plan de contingencia que contemple las medidas a adoptar y actores involucrados ante la ocurrencia de posibles eventos en relación al entorno en que se emplaza la instalación.
La ordenanza, además, faculta al Ejecutivo a crear una comisión para que realice un estudio destinado a elaborar una norma regulatoria definitiva.
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