En agosto de 2002 Silvia fue contratada para realizar tareas de envasadora y corte de calamar en Neptuno, una planta pesquera situada en Posadas al 700. Enseguida fue obligada a firmar una solicitud de ingreso a una de las tantas pseudocooperativas que encubren fraude laboral, denominada Copecas. Nunca fue registrada y cobraba por quincena. Sin embargo, su situación se agravó cuando decidieron junto a sus compañeros elegir delegados para exigir sus derechos: meses después fue despedida.
Su caso no es aislado: la realidad de los trabajadores en el puerto de Mar del Plata, en particular en las plantas de pescado donde se desempeñan peones, envasadoras y fileteros es crítica desde hace años. Allí se estima -según números oficiales- que más del 70 por ciento de los obreros están en negro o encuadrados en las pseudocooperativas, que no respetan ningún derecho laboral. Los despidos o suspensiones antojadizas son moneda corriente.
Pero esta vez el desenlace fue distinto. Un fallo sin precedentes del Tribunal de Trabajo Nº1 -integrado por los jueces José María Casas, Rosa Gómez y María Luján Larrain dió lugar a la acción de amparo promovida por la trabajadora, con el patrocinio del abogado Julio Hikkilo.
“Este reconocimiento de la justicia es trascendental, por cuanto habilita a los trabajadores, cuyos contratos no estén registrados o se los haga figurar como socios de una cooperativa con fraude a la ley, también pueden elegir y ser electos como delegados gremiales, contando con la protección o amparo gremial contra el despido incausado”, explicó el letrado.
Asimismo, se dejó constancia que “la convocatoria a elecciones para elegir delegados la pueden realizar los propios trabajadores del establecimiento, sin estar afiliados a ningún sindicato y prescindiendo de la intervención del gremio en el proceso eleccionario”.
Para Hikkilo, este dictamen abre la posibilidad para que “la enorme cantidad de trabajadores que hoy se desempeñan en negro puedan contar con representación sindical en sus lugares de trabajo, para hacer respetar las leyes laborales y actuar como inspectores delegados para combatir el trabajo clandestino”.
“Este fallo, además, abre un camino para avanzar en el desarrollo, organización y sindicalización de los trabajadores privados en el país”, sumó el abogado.
EL ITINERARIO JUDICIAL
Silvia fue contratada el 10 de agosto de 2002 para cortar calamar y desempeñarse como envasadora en el establecimiento pesquero de Posadas 734, explotado por Neptuno SRL. A su arribo, según consta en el fallo judicial, la obligaron a firmar una solicitud de ingreso a la cooperativa Copecas Ltda.
Cinco años después, en el marco de un reclamo masivo de registración laboral que contó con el acompañamiento de la CTA, fue electa delegada junto a una compañera de trabajo, y desde entonces ambas actuaron como tales ante la empresa y el Ministerio de Trabajo. De acuerdo a los testimonios reunidos en el expediente judicial, Silvia por ejemplo era la encargada de “ir a hablar por los precios del corte de pescado”.
A pesar de que tenía la “cobertura gremial” por dos años, el 21 de mayo de 2008 la empresa le negó el ingreso a su puesto de trabajo. “La despidieron con el claro fin de impedir su accionar sindical dentro de la empresa, intimidar a sus compañeros y boicotear los legítimos reclamos de los trabajadores”, interpretó Hikkilo.
A partir de allí, comenzó un periplo judicial con telegramas y cartas documento de un lado y del otro. En ese cruce, la Copecas aludía una vinculación asociativa y Neptuno negaba cualquier vínculo laboral.
La instancia derivó en el Tribunal de Trabajo Nº1, que finalmente decidió dar lugar a la acción de amparo presentada por la trabajadora, por lo que la pesquera debió reinstalarla en su puesto laboral y además, pagarle los salarios caídos.
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